Reclamar cultura implica respetarla

Vivimos en una sociedad que tiene acceso inmediato y directo a contenido digital, produciéndose una contradicción preocupante: se reclama cultura a la vez que se infringen los derechos de sus creadores.

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”

Esto es lo que establece el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De él se desprende una doble visión: Por un lado, el derecho a poder acceder a la cultura de una manera libre. Por otro lado, el derecho a la protección moral y patrimonial de los autores de las obras que enriquecen la producción cultural. Por supuesto es extensible a los llamados “auxiliares de la creación”: Artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

En ocasiones se dice que la ley va un paso por detrás de la sociedad. Internet se ha convertido en el nuevo medio por el cual la sociedad contacta, comparte y difunde de una manera rápida y sencilla, y esto rompe todos los esquemas previos para la protección de la Propiedad Intelectual. En este sentido, es indispensable que la legislación se adecue de una manera ecléctica para poder garantizar el acceso a la cultura respetando a todos los sujetos que la hacen posible, adaptándose de esta forma a un mundo globalizado que ha cambiado la manera de compartir.

En este contexto, es imposible hablar de Propiedad Intelectual sin hacer referencia a la piratería. Os expongo a continuación algunos de los datos más relevantes sobre la piratería en España, particularmente en el entorno digital **.

Se calcula que en el último año se ha accedido ilegalmente a un total de 4.455 millones de contenidos de la Industria cultural y de la creación (música, cine, libros, videojuegos y series), lo cual se valora en un total de 23.265 millones de euros.

El 60% de los accesos a contenidos digitales fueron ilegales, lo que supone un lucro cesante (los ingresos que se obtendrían si no se pudiese acceder de manera gratuita) en la Industria de 1.700 millones de euros. En concreto en el sector de la Música, en 2014 se han pirateado 1.835 millones de contenidos, lo que su pone un lucro cesante de 410 millones de euros.

Todo esto tiene una repercusión evidente. La industria cultural en España actualmente emplea a unas 60.000 personas y se calcula que en un escenario sin piratería se podrían generar alrededor de 30.000 puestos de trabajo DIRECTOS más (cada puesto directo genera 5 indirectos) y las arcas públicas ingresarían por vía de los impuestos cerca de 700 millones de euros al año.

Por tanto se puede observar que la piratería es algo que nos perjudica a todos. Es fundamental que se articulen entorno a la cultura medidas eficaces, que se pongan en práctica. De nada sirve conocer dónde y cómo se vulneran derechos de propiedad intelectual si después no se actúa en consecuencia.

Sin embargo, además de las posibles sanciones que se puedan establecer, parece más importante si cabe la educación. Es imprescindible dar a conocer y poner en valor el trabajo que hay detrás de una canción, una película o un libro para comprender la importancia de proteger las obras y el derecho a una remuneración por ese trabajo.

Por ello, la protección de obras, los derechos de remuneración, la penalización de los actos ilegales de piratería y la educación en valores, deben ir de la mano para garantizar ese principio rector de nuestra sociedad como es el acceso a la cultura, con un único fin: evitar que la creencia de la gratuidad absoluta de la cultura, acabe por enterrarla. Reclamar cultura implica respetarla.

** Informe del Observatorio de Piratería-2014.

Daniel Corbatón del Campo